Proyecto apunta a equilibrar presupuesto 2025
La ponencia positiva para la reforma tributaria representa una apuesta del Gobierno por asegurar el financiamiento del presupuesto público en un contexto de déficit persistente.
Con un objetivo de recaudo estimado entre 10 y 12 billones de pesos, la reforma busca ampliar la base contributiva y redistribuir la carga fiscal hacia quienes tienen mayor capacidad económica.
Uno de los pilares del proyecto es el endurecimiento del impuesto de renta: las tarifas marginales para personas naturales con ingresos altos se incrementan, y las empresas, especialmente del sector financiero y de hidrocarburos, enfrentan cargas más fuertes.
Además, se revisan los gravámenes sobre dividendos, patrimonio, normalización de activos omitidos y se contemplan nuevos impuestos sobre consumo, entre otros.
Este enfoque tributario —que apuesta por progresividad— podría disminuir desigualdades estructurales si se implementa correctamente. No obstante, expertos advierten que podría afectar la inversión privada y generar éxodos de capital si se percibe un exceso de presión fiscal.
El proyecto también incorpora ajustes dirigidos a la modernización tributaria: con la digitalización de los servicios, se amplía el IVA a actividades que anteriormente estaban exentas o en regímenes especiales, buscando adaptarse a nuevas formas de consumo y economía digital.
Otro punto clave analizado es el equilibrio entre la necesidad de recaudo y los riesgos de impactar negativamente a la clase media. Si las nuevas cargas se trasladan al consumidor final —precios de bienes, servicios, combustibles, etc. – podría generar una presión inflacionaria que afecte el poder adquisitivo.
En contraste, el Gobierno argumenta que esos ajustes son inevitables para asegurar la sostenibilidad fiscal del Estado y la prestación de servicios públicos, sobre todo ante compromisos crecientes en salud, educación e infraestructura.
En términos macroeconómicos, la reforma podría contribuir a la reducción del déficit estructural y dar una señal de estabilidad fiscal a los mercados, lo que podría favorecer una mejor calificación crediticia y confianza inversionista si se acompaña de coherencia en gasto público.
Con la ponencia positiva, la reforma tributaria 2025 entra a una fase decisiva. El rumbo que tome definiría no solo la carga impositiva sobre sectores de altos ingresos y corporativos, sino también la estabilidad macroeconómica del país. El equilibrio entre justicia fiscal, sostenibilidad del gasto estatal y protección al consumo será clave. De su aprobación dependerá en gran parte la viabilidad del presupuesto nacional y el bienestar económico de los colombianos.