La medida reabre debate sobre integración regional
La decisión de extender el pico y placa a los sábados para los vehículos no matriculados en Bogotá no solo es una medida de tráfico. Es, en la práctica, un punto de quiebre en la relación entre la capital y sus municipios vecinos. El anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán desató una cadena de reacciones que mezcla argumentos de congestión, recaudo fiscal, derecho a la movilidad e integración regional.
En medio de este escenario, el abogado Julián Prada Betancourt se propone llevar la discusión al terreno judicial con una acción popular, mientras el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, pone sobre la mesa el impacto político y territorial de la decisión. La pregunta de fondo es si el decreto cumple con el modelo de gobernanza compartida que prometía la región metropolitana Bogotá–Cundinamarca.
Desde la lógica de la Alcaldía, el problema está claramente definido: una porción importante del tráfico bogotano proviene de carros con placas registradas en otros municipios. Tres de cada diez vehículos que usan las vías de la ciudad no están matriculados allí, lo que implica que no pagan el impuesto vehicular en Bogotá, pero sí aportan a la congestión, la contaminación y el deterioro de la infraestructura local.
El pico y placa sabatino aparece, entonces, como un mecanismo de presión para corregir ese desequilibrio. Al restringir la circulación de los vehículos matriculados por fuera los fines de semana, el Distrito espera que un porcentaje de propietarios decida trasladar su registro a la capital, aumentando así el recaudo disponible para inversiones en semáforos, vías nuevas, mantenimiento y otros proyectos asociados a la movilidad urbana.
Sin embargo, desde la óptica de Cundinamarca el panorama es distinto. El gobernador Jorge Rey interpreta la decisión como una medida “excluyente” que no reconoce que buena parte de la economía regional se sustenta en la relación diaria entre Bogotá y los municipios de la sabana. Para él, el decreto rompe la promesa de una planeación conjunta y abre la puerta a revisar cómo se distribuyen los recursos que hoy se comparten entre la capital y el departamento.
La intervención de Julián Prada introduce un tercer nivel de análisis: el jurídico. El abogado sostiene que el decreto desconocería la Ley 2199, que obliga a que las decisiones de movilidad en la región metropolitana se adopten bajo principios de coordinación, concurrencia y complementariedad. Desde su perspectiva, el Distrito está legislando sobre un tema que trasciende sus fronteras sin el debido proceso de concertación regional.
Prada también alerta sobre el efecto bumerán que podría generar la medida. Si Bogotá limita la circulación sabatina de carros no matriculados en la ciudad, los municipios podrían responder con restricciones similares para vehículos de placas bogotanas que ingresen a su territorio. El resultado sería una red de trabas cruzadas que, en vez de ordenar la movilidad metropolitana, termine fragmentándola aún más.
Otro punto clave del debate es el soporte técnico. El abogado cuestiona la información que estaría utilizando la administración para justificar la restricción, al considerar que no se han presentado estudios públicos y rigurosos que midan de forma diferenciada el impacto de los vehículos matriculados por fuera en la congestión, frente a otros factores como el transporte de carga, el estado de la infraestructura o las obras en curso.
Mientras tanto, la secretaria de Hacienda, Ana María Cárdenas, insiste en que Bogotá no puede seguir perdiendo participación en el registro vehicular, más aún en un contexto de crecientes necesidades de inversión. La tensión entre estos dos relatos –el fiscal y el regional– anticipa que el futuro del pico y placa sabatino se definirá tanto en los tribunales como en las mesas de negociación política.
Más allá de las consignas a favor o en contra, el caso del pico y placa sabatino para carros no matriculados en Bogotá revela el desafío de gobernar una ciudad-región donde las fronteras administrativas no coinciden con la realidad diaria de la movilidad. Lo que para la Alcaldía es una herramienta de ajuste fiscal y control de tráfico, para Cundinamarca y algunos ciudadanos se convierte en símbolo de decisiones unilaterales.
La acción popular anunciada por Julián Prada pondrá a prueba la solidez jurídica del decreto y del modelo de región metropolitana. De la forma como se resuelva este pulso dependerá no solo el futuro de la medida, sino también el mensaje que se envíe sobre cómo deben tomarse, de aquí en adelante, las decisiones que afecten el tránsito diario de miles de personas entre Bogotá y la sabana.