Funcionarios cuestionan estrategia contra crimen organizado
La resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, que reorganizó el trabajo de las unidades especializadas, responde a la intención de concentrar en una sola dirección los esfuerzos contra el crimen organizado. Sin embargo, desde las seccionales no pocos funcionarios consideran que la decisión pasó por alto las dinámicas locales y el valor de la experiencia acumulada por los grupos Gaula, que durante años se consolidaron como un punto de articulación entre la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía en la lucha contra secuestros y extorsiones.
Uno de los argumentos más recurrentes en la carta enviada por Asonal es la distribución desigual de las cargas laborales tras la reestructuración. Mientras en algunos despachos los fiscales deberán asumir más de 1.700 procesos, otros en la misma dirección apenas tienen alrededor de 60 expedientes, diferencia que para los trabajadores demuestra que la reforma no fue debidamente planeada ni calibrada frente a la realidad de los territorios.
Desde un punto de vista institucional, la concentración de funciones en la Dirección contra el Crimen Organizado puede tener ventajas, como la estandarización de metodologías de investigación o la coordinación centralizada de casos complejos. No obstante, el temor entre los funcionarios es que esa “macrovisión” termine debilitando la respuesta rápida y la cercanía con las víctimas que ofrecían los equipos Gaula, especialmente en regiones donde las estructuras criminales operan de forma fragmentada y cambiante.
El plantón, por tanto, revela una tensión clásica en la administración de justicia: centralizar funciones para ganar eficiencia o mantener estructuras especializadas en terreno para garantizar cercanía y conocimiento del contexto. En el caso de la Fiscalía, la apuesta de la actual administración ha sido recentralizar, pero los funcionarios que protestan argumentan que la realidad del país, marcada por economías ilegales y grupos armados, exige fortalecer y no desmontar los equipos locales que han construido redes de información y confianza.
Otro elemento analítico importante es el impacto de la reforma sobre las víctimas. La carta de Asonal recuerda que el delito de extorsión es uno de los de mayor crecimiento a nivel nacional y que el secuestro está en aumento, al tiempo que menciona a los servidores de la propia Fiscalía que siguen secuestrados por el ELN. En este contexto, cualquier cambio que genere retrasos o confusión sobre quién impulsa las investigaciones puede traducirse en una percepción de impunidad que termina debilitando la confianza en la justicia.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el mensaje de “la estamos pasando mal” no se limita a un malestar laboral, sino que apunta a una sensación de desorden interno y de falta de escucha por parte de la dirección. De ahí que, además de cuestionar la reestructuración, reclamen espacios de diálogo con la fiscal general y el vicefiscal, para ajustar las decisiones y evitar un trato desigual entre despachos y funcionarios que hoy asumen cargas muy diferentes.
En el escenario político y mediático, el episodio se suma a otros cuestionamientos que ha enfrentado la actual administración de la Fiscalía, especialmente por su manejo de casos de alto impacto y por las recientes controversias alrededor de investigaciones sensibles. Aun cuando el plantón no se presentó como una protesta partidista, sí deja sobre la mesa la pregunta de hasta qué punto las decisiones técnicas de reestructuración están alineadas con las necesidades del sistema de justicia y con las expectativas de la ciudadanía en Bogotá y el resto del país.
La discusión sobre la eliminación de los Gaula y la redistribución de fiscales especializados va más allá de una disputa interna: define la forma en que la Fiscalía enfrentará delitos que golpean directamente a comerciantes, transportadores y familias en todo el territorio. De cómo se ajuste o corrija esta reestructuración dependerá, en buena medida, el mensaje que reciba la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para protegerla.
Mientras tanto, el plantón en el búnker de la Fiscalía se convierte en una advertencia temprana sobre los riesgos de emprender reformas profundas sin suficiente diálogo con quienes conocen el día a día del sistema de justicia. En un país donde la extorsión y el secuestro siguen marcando la agenda de seguridad, el diseño institucional no puede fallar.