El alto tribunal deberá definir si la Ley 2381 de 2024 se mantiene, se modifica o se cae, mientras adultos mayores en Bogotá y regiones esperan claridad sobre sus ingresos futuros
La discusión sobre la reforma pensional dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una preocupación diaria para millones de colombianos. Tras el empate 4-4 en la Corte Constitucional y la decisión de llamar a un conjuez, el país entendió que el futuro de las jubilaciones puede definirse por un solo voto. El debate se concentra en Bogotá, en el Palacio de Justicia, pero sus efectos alcanzan a familias en todas las regiones, desde los barrios populares de la capital hasta municipios apartados donde la única expectativa de ingreso en la vejez depende de los subsidios estatales.
La reforma pensional, convertida en ley en 2024, promete ampliar la cobertura mediante un sistema de pilares que combina un componente público manejado por Colpensiones con ahorros en fondos privados. Uno de sus ejes más visibles es la renta básica para más de dos millones de adultos mayores en condición de pobreza, que recibirían un ingreso mensual para aliviar la falta de pensión. Mientras el articulado permanece bajo lupa, esa promesa sigue sin aterrizar en los hogares que más la necesitan, especialmente en ciudades donde el costo de vida se ha disparado.
La decisión de apartar al magistrado Héctor Carvajal, por sus vínculos contractuales previos con Colpensiones, fue presentada por los demandantes como una garantía de transparencia y de equilibrio institucional. Sin embargo, para el Gobierno significó perder un voto clave en el bloque que defendía la constitucionalidad de la ley. Con el empate, quedó claro que la Corte está dividida no solo sobre el contenido de la reforma, sino también sobre la forma en que fue tramitada en el Congreso, en medio de sesiones maratónicas y denuncias de irregularidades.
En barrios de Bogotá como Kennedy, Suba o Ciudad Bolívar, organizaciones de adultos mayores siguen la discusión con expectativa y preocupación. Muchos de sus integrantes trabajaron décadas en la informalidad, sin cotizar lo suficiente para lograr una pensión bajo el esquema tradicional. Para ellos, la renta solidaria incluida en la reforma representa la diferencia entre una vejez sin ingresos y la posibilidad de cubrir gastos básicos como arriendo, alimentación y medicinas. La incertidumbre sobre el fallo retrasa también los planes de las alcaldías y gobernaciones que buscaban articular programas locales con el nuevo esquema nacional.
Las voces críticas, por su parte, advierten que no basta con ampliar beneficios si no se garantizan fuentes de financiación estables. Expertos en finanzas públicas recuerdan que el sistema pensional ya representa una carga importante para el presupuesto nacional y que cualquier cambio debe cuidar la sostenibilidad fiscal. Algunos sectores temen que una mayor participación de Colpensiones y del Banco de la República en la administración de los recursos modifique el rol de los fondos privados y afecte el mercado de capitales, con impacto en el crédito y la inversión.
En medio de esas tensiones, el conjuez Carlos Pablo Márquez tendrá que estudiar no solo los argumentos de constitucionalidad, sino también las implicaciones prácticas de su decisión. Su voto, aunque estrictamente jurídico, influirá en la forma como Colombia enfrentará retos como el envejecimiento de la población, la informalidad laboral y las brechas de género en el acceso a la pensión. Para las mujeres, por ejemplo, la reforma contempla medidas específicas de reconocimiento del trabajo de cuidado, cuestión clave en localidades urbanas y rurales donde ellas suelen asumir solas la carga familiar.
En la calle, la discusión se mezcla con otras preocupaciones de la coyuntura económica: inflación, empleo, costo de los arriendos y tarifas de servicios. Sin embargo, cada vez que la Corte anuncia una nueva sesión sobre la reforma pensional, aumentan las consultas en puntos de atención de Colpensiones y de las administradoras privadas, así como las búsquedas digitales sobre semanas cotizadas, edad de jubilación y régimen de transición. Esa reacción muestra que la reforma no es un debate lejano: toca el bolsillo y la tranquilidad de millones de hogares.
La decisión que tome el conjuez sobre la reforma pensional será clave para el futuro de los adultos mayores en Bogotá y en todo el territorio nacional. De su voto dependerá si entra en vigor el sistema de pilares, si se ajustan los beneficios o si el país debe volver a diseñar una nueva ruta para el sistema de jubilaciones. En un contexto de alto costo de vida y envejecimiento de la población, el fallo de la Corte Constitucional se perfila como una de las decisiones más importantes para garantizar una vejez digna y estable en Colombia.