El informe de ANIF revela una brecha creciente en el sistema de pensiones
El instituto de investigación ANIF muestra que desde la mitad de 2024 la diferencia entre quienes cotizan de modo continuo y quienes están inactivos ha crecido alarmantemente.
En agosto de 2025 esa brecha alcanzó 1.216.052 personas más inactivas que activas.
Esta tendencia sugiere que estamos frente a un fenómeno de “formalidad intermitente”: trabajadores que pasan breves periodos como formales, cotizan unos meses, y luego retornan o permanecen en la informalidad.
El problema radica en que la formalidad tradicionalmente se orienta al contrato, al salario y al acceso a prestaciones. Pero cuando la continuidad del aporte es menor a seis meses, el vínculo con la cotización pensional se debilita.
Esta situación tiene implicaciones macroeconómicas: un menor número de cotizantes activos reduce la base de financiamiento del sistema pensional, incrementa el riesgo de que la carga recaiga sobre los que sí cotizan o sobre el Estado.
Para los trabajadores individuales, el efecto se traduce en menor acumulación de semanas y menor posibilidad de acceder a una pensión contributiva en el futuro, lo que agrava la vulnerabilidad en la vejez.
En ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, donde la economía de servicios y subcontrataciones es significativa, este fenómeno puede amplificarse: contratos temporales, trabajo por horas, plataformas digitales. En entornos más rurales también se observa, aunque con dinámicas distintas.
En conclusión, fomentar empleo formal es necesario, pero insuficiente para garantizar protección pensional. Es esencial que las políticas laborales y de seguridad social consideren la calidad del aporte, la frecuencia y la continuidad como parte integral de la formalización.
La interrupción de las cotizaciones pensionales en Colombia plantea un desafío para el mercado laboral y la seguridad social. Aun cuando la informalidad ha retrocedido, la permanencia en el sistema de aportes no se asegura con solo emplear formalmente. Es clave analizar el vínculo entre empleo, cotización y protección de la vejez, y diseñar políticas que impulsen no solo contratos formales, sino planes de permanencia real en el sistema. Esta brecha entre formalidad y aporte pensional debe ocupar la agenda pública en Colombia.