Fiscalía investiga atentado frustrado vinculado a Katherine Martínez
Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó cargos por terrorismo a Katherine Andrea Martínez Martínez, quien actualmente enfrenta un proceso por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La nueva acusación se fundamenta en elementos materiales probatorios relacionados con un atentado planeado para junio que no llegó a ejecutarse.
Los hechos investigados corresponden a la presunta coordinación de un ataque terrorista programado para el 3 de junio en la localidad de Teusaquillo. Según la Fiscalía, Martínez habría participado en labores logísticas que incluían vigilancia, transporte de explosivos y coordinación con otros individuos, entre ellos un menor de edad.
La acusada no aceptó los cargos durante la audiencia de imputación y permanece privada de la libertad en un centro carcelario. El proceso judicial continuará su curso mientras las autoridades mantienen abiertas ambas investigaciones contra Martínez.
La Fiscalía General presentó ante el juez con funciones de control de garantías los elementos materiales probatorios que sustentan la acusación contra Katherine Andrea Martínez Martínez. Estos elementos incluyen registros de comunicaciones, testimonios de testigos protegidos, análisis de inteligencia criminal y evidencia física relacionada con los hechos ocurridos en junio de 2024.
Según el ente acusador, Martínez habría actuado concertadamente con otras personas no identificadas públicamente en el expediente judicial. La estructura organizativa del grupo criminal habría asignado roles específicos a cada participante, siendo Martínez la responsable de aspectos logísticos fundamentales para la ejecución del plan terrorista que buscaba perpetrarse en el centro de Bogotá.
La investigación estableció que la acusada habría recibido una bomba tipo lapa con su detonador, un artefacto explosivo caracterizado por su capacidad de adherirse a superficies mediante imanes o materiales adhesivos. El transporte de este material explosivo habría requerido medidas de precaución para evitar la detección por parte de las autoridades y garantizar su llegada al punto de operación designado.
El plan contemplaba la utilización de un menor de edad como ejecutor final del atentado. Martínez habría entregado el explosivo al adolescente con instrucciones específicas sobre el lugar y momento para su instalación. La participación de menores en actividades terroristas constituye una agravante en la legislación colombiana y refleja métodos empleados por organizaciones criminales para dificultar la persecución penal.
El día programado para el atentado, 3 de junio, el menor de edad se dirigió al lugar designado en Teusaquillo pero no procedió con la instalación del explosivo. Según consta en la investigación, el adolescente verificó la presencia de múltiples unidades policiales en la vía y decidió no ejecutar la acción para evitar su captura inmediata, preservando así el anonimato de la célula criminal.
Durante la audiencia de imputación, la defensa de Martínez cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía y solicitó que se respeten todas las garantías procesales de su representada. La acusada ejerció su derecho constitucional a no aceptar los cargos, decisión que implica que el caso avanzará hacia una fase de juicio donde se debatirá la responsabilidad penal.
La Fiscalía mantiene dos líneas de investigación activas contra Katherine Andrea Martínez Martínez. Por un lado, el proceso por el atentado frustrado del 3 de junio que ahora ha sido formalizado con la imputación por terrorismo. Por otro lado, la investigación por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido cuatro días después, el 7 de junio. Las autoridades analizan posibles conexiones entre ambos eventos.
El desarrollo de los dos procesos judiciales contra Martínez transcurrirá de manera independiente, aunque las autoridades no descartan que puedan surgir elementos comunes que vinculen ambas acciones criminales. La Fiscalía continuará practicando diligencias de investigación para identificar a otros posibles participantes en el atentado frustrado de Teusaquillo.
Las próximas etapas procesales incluirán audiencias preparatorias donde se definirán aspectos procedimentales, se debatirá la admisibilidad de pruebas y se establecerán los plazos para el juicio oral. Martínez permanecerá detenida mientras se resuelven ambos casos, cuya complejidad sugiere un largo proceso de litigio ante las instancias judiciales colombianas.