La operación naval contra el narcotráfico deja ver quiénes se acercan a Washington y quiénes mantienen distancia frente a la presión sobre Venezuela
El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, concebido oficialmente como una operación para frenar el narcotráfico y golpear las finanzas del denominado ‘Cartel de los Soles’, se ha convertido también en un termómetro de las relaciones de fuerza en América Latina. Los países que respaldan explícitamente el operativo envían una señal de cercanía a Washington y de distancia frente al gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que otros optan por la neutralidad o la crítica abierta.
El apoyo más visible proviene de Trinidad y Tobago, cuya primera ministra rompió con la histórica política de neutralidad del país insular para alinearse con la estrategia de Estados Unidos.
La posición de Puerto España es estratégica: por su ubicación geográfica, el país es un punto de paso clave para las rutas del petróleo y del comercio, y ahora se proyecta también como posible plataforma para respuestas rápidas en caso de incidentes en la frontera marítima entre Venezuela y Guyana.
Guyana, que reclama buena parte del territorio de Esequibo, ve en el despliegue una garantía adicional frente a un vecino con mayor poderío militar. Su apoyo a la operación de Washington se enmarca en una narrativa de defensa de la legalidad internacional y rechazo a las redes criminales transnacionales, señalando expresamente al ‘Cartel de los Soles’ como una amenaza a la estabilidad regional.
Argentina, Ecuador y Paraguay, aunque no participan con unidades militares, han dado un paso político al declarar al ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista.
Esta decisión los acerca a la lectura de Washington y abre la puerta a una mayor coordinación en inteligencia financiera, cooperación judicial y persecución de activos vinculados a figuras del chavismo. Para los gobiernos de estos países, también es un mensaje interno: endurecer el discurso contra el crimen organizado y mostrar alineamiento con las prioridades de Estados Unidos.
En Centroamérica y el Caribe, la cooperación se materializa de forma más concreta. Panamá acoge ejercicios militares estadounidenses amparados en acuerdos bilaterales, mientras que República Dominicana ha profundizado el trabajo conjunto con la DEA y otras agencias, con operaciones que ya se traducen en incautaciones de droga y presencia reforzada de la Marina en sus aguas.
Puerto Rico, aunque territorio no incorporado de Estados Unidos, actúa como un eje de mando y logística con bases que concentran a marines y medios aéreos.
El Salvador completa el cuadro de apoyos al facilitar infraestructura estratégica para aeronaves de ataque y patrullaje.
Esta red de países aliados refuerza la capacidad de Estados Unidos para realizar operaciones prolongadas en el Caribe, considerar escenarios de bloqueo, vigilancia permanente y, en el extremo, acciones más intrusivas contra objetivos vinculados al narcotráfico. La presencia de destructores, submarinos de ataque y unidades anfibias muestra que la señal no es solo simbólica.
Sin embargo, el respaldo al despliegue no está exento de costos políticos. Venezuela denuncia una “amenaza imperialista” y ha respondido con anuncios de ejercicios militares y despliegue de misiles y armamento pesado en la franja costera cercana a Caracas y La Guaira.
Organismos regionales y expertos en seguridad alertan que una acumulación de fuerzas navales en espacios marítimos estrechos incrementa la posibilidad de incidentes, errores de cálculo y escaladas no planificadas, con impacto directo en el comercio, el tránsito de hidrocarburos y la pesca en el Caribe.
Mientras Estados Unidos amplía su despliegue militar en el Caribe y suma apoyos de países como Trinidad y Tobago, Guyana, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Argentina, Ecuador y Paraguay, el tablero regional entra en una nueva fase de definición. Más allá del combate al narcotráfico, las decisiones que tomen estas capitales frente a la presión sobre Venezuela y el ‘Cartel de los Soles’ marcarán el rumbo de la seguridad en América Latina y determinarán si el Caribe se consolida como un corredor protegido o como otro foco de tensión permanente entre potencias y gobiernos de la región.