Liliana Cruz había llegado hace poco al municipio, con proyectos y sueños por cumplir
Hasta hace solo unos meses, para los habitantes de Chiscas los nombres de Liliana Cruz y de su esposo, el subteniente Haminton Ruiz, apenas comenzaban a hacerse familiares. Ella, trabajadora social de 25 años, llegó al municipio con la idea de construir un proyecto de vida, apoyar a las comunidades y acompañar a su pareja en el reto de comandar la Estación de Policía. Él asumía la responsabilidad de velar por la seguridad de un territorio montañoso y distante de Bogotá, donde la presencia institucional es clave para los habitantes.
La noche del 19 de noviembre, sin embargo, esa historia de pareja se quebró de manera abrupta. En medio de lo que la defensa del uniformado describe como un accidente con el fusil de dotación, una bala salió disparada y atravesó el cuerpo de Liliana. En cuestión de segundos, lo que era una escena doméstica se transformó en una tragedia irreparable que sacudió al pequeño municipio boyacense, acostumbrado a las noticias de orden público, pero no a la muerte de una joven en manos de quien debía protegerla.
Vecinos y conocidos relatan que la pareja era relativamente nueva en el pueblo, pero que la presencia de Liliana se hacía notar por su carácter cercano y su interés por las problemáticas sociales. La Alcaldía de Ramiriquí, municipio donde también dejó huella, la recordó como una profesional comprometida con el bienestar de los demás, enviando un mensaje de condolencias a su familia y resaltando su vocación de servicio. Ese reconocimiento contrasta con las preguntas que hoy rodean las circunstancias de su fallecimiento.
Tras el disparo, y dominado por el shock, el subteniente Ruiz habría tomado la decisión de llevar él mismo a su esposa al hospital de Chiscas en una patrulla policial. En el camino, según los reportes oficiales, perdió el control del vehículo y terminó volcándose, lo que aumentó el dramatismo de la escena. Pese a las maniobras para reanudar el trayecto, la joven llegó al centro asistencial sin signos vitales, confirmando el desenlace que hoy tiene al municipio vestido de luto.
Detrás de esta historia también hay un contexto de tensión que ahora hace parte de la investigación. Horas antes se habría registrado un supuesto hostigamiento contra el Batallón de Alta Montaña Nº 2, lo que llevó a que los uniformados permanecieran en máximo estado de alerta, con sus armas listas. Los peritos analizan si esa presión influyó en la forma como se manipuló el fusil tipo Galil que terminó disparándose, y si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos por la institución para el manejo de armas largas, incluso en espacios privados.
Mientras la Fiscalía define si imputa cargos por homicidio culposo o si plantea un posible feminicidio, familiares y amigos de Liliana intentan darle sentido a la pérdida. Para ellos, no solo se apagó la vida de una joven profesional, sino también la esperanza de proyectos sociales y comunitarios que ella impulsaba. Entre velas, mensajes en redes sociales y actos simbólicos, la comunidad insiste en que no bastan las explicaciones técnicas: se necesita transparencia, acompañamiento a la familia y acciones concretas para que ninguna mujer vuelva a morir en circunstancias similares.
El caso también ha abierto un espacio de reflexión en Chiscas sobre el papel de la Fuerza Pública en la vida cotidiana del municipio. Aunque muchos habitantes reconocen los riesgos que enfrentan los uniformados por cuenta del conflicto y la criminalidad, también reclaman que la autoridad se ejerza con responsabilidad, cuidado y empatía. La muerte de Liliana se ha convertido en un llamado para que las instituciones revisen sus protocolos, fortalezcan la formación en enfoque de género y garanticen que la presencia policial no represente un riesgo para quienes conviven con los agentes en sus propios hogares.
La historia de Liliana Cruz, la joven trabajadora social que murió por el disparo del fusil de su esposo policía en Chiscas, Boyacá, trasciende las cifras de violencia y se convierte en un símbolo del impacto humano de los errores con armas de fuego. Mientras avanza la investigación, organizaciones sociales y ciudadanos piden que su nombre no quede en el olvido y que el Estado implemente medidas reales de prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género. El duelo del municipio resume el clamor de muchas regiones de Colombia: que la seguridad no vuelva a costar vidas inocentes.