Trump confirma conflicto con gobierno colombiano actual
Durante una conferencia de prensa a bordo del Air Force One el 14 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump admitió públicamente la existencia de un conflicto con Colombia. La declaración se produjo en respuesta a preguntas sobre su estrategia hacia Venezuela, cuando el mandatario extendió su comentario hacia el país vecino.
“Tenemos un problema en Colombia”, afirmó Trump sin proporcionar detalles adicionales sobre acciones específicas que su administración pudiera estar planeando. Esta admisión oficial confirma lo que había sido evidente a través de múltiples intercambios públicos y medidas diplomáticas en las últimas semanas.
El reconocimiento explícito del conflicto ocurre en medio de diferencias fundamentales entre ambos gobiernos sobre cómo abordar el narcotráfico. Mientras Washington favorece métodos más agresivos y de confrontación directa, Bogotá bajo el liderazgo de Gustavo Petro ha optado por estrategias alternativas que priorizan la sustitución voluntaria de cultivos.
Las diferencias entre Trump y Petro no son nuevas, pero han escalado significativamente en los últimos meses. La administración estadounidense considera que Colombia no está cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el gobierno colombiano sostiene que está implementando políticas más humanas y sostenibles.
Desde que Petro asumió la presidencia en 2022, Colombia modificó su estrategia antidrogas. El país suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato y estableció programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sin embargo, los resultados han sido cuestionados, ya que la producción de cocaína aumentó en lugar de disminuir.
Estados Unidos ha mantenido una presencia militar activa en la región, realizando operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Estas acciones han provocado la muerte de al menos 70 personas en el Caribe y el Pacífico, según registros documentados. El gobierno colombiano ha calificado estas operaciones como ilegales bajo el derecho internacional.
En respuesta a los ataques, Petro tomó la decisión de suspender el intercambio de información de inteligencia con agencias estadounidenses. Esta medida fue adoptada también por Reino Unido, que expresó preocupaciones similares sobre la legalidad de las operaciones militares estadounidenses. Francia igualmente manifestó que los ataques violan el derecho internacional.
El impacto económico de este conflicto es considerable para Colombia. Estados Unidos ha amenazado con suspender los aproximadamente 450 millones de dólares anuales en ayuda, principalmente destinados a programas de seguridad y combate al narcotráfico. Además, nuevos aranceles comerciales podrían afectar las exportaciones colombianas.
La administración Trump ha impuesto sanciones personales contra Petro y miembros de su círculo cercano, incluyéndolos en la lista de la OFAC. Trump ha llamado públicamente a Petro “líder del narcotráfico” y ha sugerido que el presidente colombiano no hace lo suficiente para detener la producción de cocaína.
Por su parte, Petro ha rechazado estas acusaciones y ha mantenido su postura de que Colombia está implementando políticas más efectivas a largo plazo. El presidente colombiano argumenta que atacar a campesinos y pescadores no resuelve el problema estructural del narcotráfico, que requiere abordar cuestiones sociales y económicas más profundas.
La admisión pública de Trump sobre el problema con Colombia formaliza un conflicto que se ha desarrollado de manera progresiva. Ambos líderes representan visiones diametralmente opuestas sobre cómo abordar el narcotráfico, y sus diferencias ideológicas hacen difícil encontrar puntos de convergencia. La cooperación entre ambos países, construida durante décadas, enfrenta su momento más crítico.
El desarrollo de esta situación tendrá implicaciones no solo para las relaciones bilaterales, sino para toda la región. Otros países latinoamericanos observan con atención cómo evoluciona este conflicto, mientras evalúan sus propias relaciones con Washington. La próxima fase de esta crisis diplomática determinará el futuro de la cooperación hemisférica en materia de seguridad.