La eventual salida de Colombia del selecto grupo de aliados mayores extra-Otán sería un golpe simbólico y operativo en plena tensión con el gobierno Petro
La posibilidad de que Estados Unidos retire a Colombia de la lista de Aliados Mayores Extra-Otán ha encendido un debate que trasciende la coyuntura y toca el corazón de la política exterior del país. Para la administración Trump, la medida sería una herramienta de presión frente a un gobierno que considera poco alineado con sus prioridades estratégicas; para Bogotá, en cambio, significaría revisar el equilibrio entre su autonomía diplomática y la conveniencia de seguir siendo uno de los principales socios de seguridad de Washington en el hemisferio.
El estatus de Aliado Mayor Extra-Otán nació en 1987 como un instrumento del Congreso estadounidense para premiar y fortalecer la cooperación militar con un grupo limitado de países fuera de la alianza atlántica. En la práctica, Colombia pasó a competir en mejores condiciones por recursos, equipos y programas de entrenamiento, mientras reforzaba su imagen como socio confiable en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y otras amenazas regionales. La eventual pérdida de ese rango no cortaría todos esos canales, pero sí los pondría bajo revisión.
En América Latina, solo Argentina, Brasil y Colombia han logrado ingresar a ese círculo, lo que dio a Bogotá un peso adicional en los cálculos estratégicos de Washington frente a crisis como la venezolana o el reacomodo de poderes globales. La llegada de Arabia Saudita al listado, anunciada recientemente por la propia Casa Blanca, contrasta con la idea de que Colombia pueda convertirse en el primer aliado latinoamericano en ser expulsado de la categoría, algo que marcaría un precedente incómodo para la región.
Detrás de la discusión hay una larga cadena de roces. La descertificación de Colombia en materia de drogas, la suspensión parcial de ayudas económicas y militares, la inclusión de Petro en la lista Clinton y la revocatoria de su visa diplomática son piezas de un mismo mensaje: la Casa Blanca considera que el gobierno colombiano se ha alejado de los compromisos que sustentaron la alianza durante décadas. Al mismo tiempo, Petro ha asumido una postura confrontacional frente a decisiones de Washington sobre Israel, Ucrania o operaciones antidrogas en el Caribe.
Analistas consultados en Bogotá y en capitales de la región advierten que el impacto no se limitaría al plano militar. Una eventual salida del régimen MNNA podría afectar la confianza de inversionistas y la percepción de riesgo país, al reforzar la idea de que Colombia ya no ocupa un lugar preferente en la estrategia estadounidense para América Latina. Esa señal podría ser leída por otros socios potenciales —como la Unión Europea o potencias asiáticas— a la hora de definir prioridades de cooperación y negocios.
Sin embargo, algunos expertos matizan el alcance del castigo. Recuerdan que la designación es unilateral, no está ligada a compromisos de la OTAN ni al famoso artículo 5 sobre defensa colectiva, y que la relación entre ambos países tiene raíces que van desde los programas antidrogas hasta los intercambios comerciales y educativos. La pregunta, señalan, es si la tensión actual llevará a una renegociación más profunda de esa agenda o si se limitará a una etapa de distanciamiento mientras dura el pulso político entre Trump y Petro.
Para Colombia, el reto inmediato será mantener abiertos los canales técnicos y militares con agencias estadounidenses, al tiempo que el gobierno defiende su enfoque de política exterior y de seguridad. En el mediano plazo, cualquier decisión de la Casa Blanca obligará a las élites políticas y económicas del país a revisar qué tipo de relación quieren con su principal aliado histórico, especialmente en un momento en el que la competencia entre potencias y las tensiones globales hacen más costoso quedar por fuera de los círculos de confianza.
La discusión sobre el futuro del estatus de Aliado Mayor Extra-Otán llega en un punto crítico para la política exterior colombiana. Si Trump decide retirar ese privilegio, Colombia tendrá que redefinir su posición en el mapa geopolítico, valorar los costos de un distanciamiento con Washington y diseñar una estrategia que proteja la cooperación en seguridad, comercio e inversión, sin renunciar a sus propias prioridades internas y regionales.