Petro respondió en X; el debate por un eventual proceso en EE. UU. aviva la polarización
La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila afirmó en X que Estados Unidos podría abrir un proceso judicial contra el presidente Gustavo Petro, al que describió como la aplicación de una supuesta “doctrina Trump”. La publicación, que sugiere un eventual “indictment”, reactivó controversias por el financiamiento de la campaña de 2022 y desató un intercambio directo con el mandatario en esa red social.
El pronunciamiento se dio el 10 de noviembre de 2025, un día después de que circulara una imagen que avivó especulaciones públicas. Dávila cuestionó la lentitud de la justicia colombiana frente a pesquisas en curso y sostuvo que un expediente en jurisdicción estadounidense sería “inminente”. La respuesta de Petro, con una alusión personal, elevó el tono de la discusión y multiplicó los trending topics.
En sus mensajes, Dávila hiló antecedentes conocidos por la opinión: señalamientos sobre ingresos irregulares a la campaña, referencias al llamado “Pacto de La Picota” y audios de excolaboradores. Según su lectura, esos elementos podrían derivar en un caso penal en EE. UU.; no obstante, autoridades de ese país no han confirmado la existencia de cargos. En Colombia, las indagaciones sobre financiación política siguen activas en diferentes frentes.
El presidente replicó con un comentario personal hacia la periodista, lo que derivó en nuevas reacciones de usuarios, líderes de opinión y figuras políticas. Dávila defendió su trayectoria profesional y negó vínculos con actos de corrupción, al tiempo que insistió en que la justicia estadounidense podría intervenir si se verifican componentes transnacionales.
Juristas consultados por distintos medios han recordado que la jurisdicción penal de EE. UU. puede activarse cuando hay transferencias en dólares, uso del sistema bancario estadounidense o participación de actores sancionados. Subrayan, sin embargo, que cualquier proceso exige hechos documentados y actuaciones de autoridades competentes; a la fecha, no hay anuncios oficiales públicos sobre un caso contra Petro.
La comparación con antecedentes regionales —como investigaciones ligadas a lavado de activos, sanciones OFAC o la FCPA— sugiere cautela: cada expediente depende de pruebas concretas y de la ruta del dinero. Por ello, analistas recomiendan no extrapolar de forma automática marcos jurídicos extranjeros a situaciones locales sin evidencia verificable.
El episodio también roza la relación bilateral. Un movimiento judicial de alto impacto respecto de un jefe de Estado en ejercicio tendría implicaciones diplomáticas y requeriría cooperación formal entre Washington y Bogotá. Históricamente, Estados Unidos ha privilegiado mecanismos como asistencia judicial y sanciones, mientras que los procesos penales sobre mandatarios en funciones son excepcionales.
Mientras tanto, la conversación pública se mantiene en X, con lecturas partidistas y un riesgo de desinformación creciente. Organizaciones de verificación y expertos en comunicación política llaman a distinguir hipótesis de hechos, y a esperar pronunciamientos institucionales que clarifiquen el panorama.
Hasta ahora, la controversia se mueve en el terreno político y mediático. No existe confirmación oficial en EE. UU. sobre un proceso contra Gustavo Petro, y en Colombia los expedientes asociados a supuesta financiación irregular continúan en etapas reservadas o en desarrollo. La atención queda puesta en si las autoridades emitirán declaraciones formales en los próximos días.