El operativo por rumba en el Chorro de Quevedo terminó en agresión y una investigación formal
La madrugada del 10 de noviembre de 2025 se vivió un tenso episodio en el centro histórico de Bogotá, específicamente en el sector del Chorro de Quevedo, cuando un procedimiento de la Policía Nacional por consumo y ruido escaló hasta dejar a un ciudadano inconsciente y dos agentes heridos.
Ante las imágenes divulgadas en redes sociales que muestran el momento de la agresión, la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció la apertura de la investigación en la Fiscalía 2419 Penal Militar y Policial.
Los hechos ocurrieron cuando agentes efectuaban una intervención contra ruido y consumo de licor en espacio público; según el reporte oficial, algunos ciudadanos hicieron caso omiso e iniciaron insultos y conducta agresiva hacia los policías.
Testigos grabaron el momento en que el agente agrede al ciudadano, dejándolo en el suelo inconsciente, lo cual motivó críticas ciudadanas y exigencia de rendición de cuentas.
La Fiscalía militar asume la investigación penal, con el objetivo de esclarecer los hechos y descartar o confirmar el delito de abuso de autoridad, tipificado en el régimen militar‑policial colombiano.
Desde la comunidad de La Candelaria se afirmó que el agente —presuntamente el comandante de turno— actuó con exceso y sin considerar la naturaleza de la intervención: “Empujó a varios jóvenes, luego reaccionó con un golpe”.
En paralelo al proceso penal, la Policía Metropolitana anunció procedimientos internos disciplinarios, lo que evidencia que el caso tiene implicaciones tanto administrativas como penales.
Para los analistas, este episodio demuestra la tensión entre el control del orden público en zonas de alta dinámica comercial e informal y el respeto por los derechos humanos. El reto es estructural.
El impacto para Bogotá es doble: por un lado, la reputación institucional de la fuerza pública; por otro, la necesidad de proteger a los ciudadanos que están expuestos a intervenciones en entornos donde no siempre priman los protocolos de control adecuados.
El caso de presunta agresión policial en el Chorro de Quevedo abre un nuevo capítulo en la relación entre autoridad y ciudadanía en Bogotá. La investigación de la Fiscalía militar será clave para establecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control interno. Para los ciudadanos y comerciantes de la capital, éste es un recordatorio de que el uso legítimo de la fuerza debe estar acompañado de transparencia y justicia. El balance entre convivencia urbana y protección de derechos está de nuevo en debate.